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The government must pay a fine for not complying with the University Financing Law
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Federal judge Martín Cormick has begun imposing a fine on the government of Javier Milei for failing to comply with the University Financing Law. This decision was made hours before a march in defense of public education and is based on the declaration of unconstitutionality of the decree signed by Milei to bypass the law.
The fine, set at 100,000 pesos per day, is applied to Cabinet Chief Diego Santilli, who is responsible for the administration.
Generated by AI from the original story in Spanish.
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El juez federal Martín Cormick empezará a cobrarle una multa al Gobierno por no cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). Horas antes de la quinta marcha en defensa de la educación pública, el magistrado resolvió aplicarle astreintes al jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El martes de la semana pasada, Cormick declaró inconstitucional el decreto que Javier Milei firmó para no cumplir con la LFEU, que había sido aprobada por el Congreso y cuya vigencia ambas Cámaras habían ratificado tras el veto del Presidente.
El viernes pasado, el juez concedió la apelación que presentó la Casa Rosada contra su fallo, pero advirtió que continuaría con la ejecución de la medida cautelar que ordena cumplir con los pagos de salarios docentes y no docentes, así como de becas.
Cormick había dictado la medida cautelar en diciembre pasado. Su decisión fue convalidada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo y, en junio pasado, quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos del Poder Ejecutivo.
El martes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se presentó ante Cormick para pedirle que aplicara astreintes (multas) frente al incumplimiento. Esa posibilidad ya había sido puesta sobre la mesa por el juez el 22 de septiembre pasado, cuando intimó al Gobierno a cumplir con la LFEU.
En esa línea, Cormick entendió que correspondía disponer astreintes diarias al “funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación”, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional y el artículo 5º de la Ley 27.798, sostiene en el fallo al que accedió Página/12.
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