Government seeks to unlock sovereignty defense project

Tras la presión de Estados Unidos para desactivar las sanciones previstas en la Ley de Soberanía contra las empresas que operan de forma ilegal en las Islas Malvinas, el Gobierno manda señales de que avanzará con la iniciativa de todos modos y negocia cambios con los dialoguistas para conseguir dictamen el próximo martes. Fiel a su nuevo pragmatismo, el oficialismo decidió abrir la iniciativa a modificaciones para aprobarla en el recinto como sea. “La Ley de Defensa de la Soberanía es prioridad para este Gobierno”, anunció el vocero Adrián Ravier, quien dio detalles de una reunión que encabezó la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, con representantes de los bloques aliados con ese objetivo. La conformación y las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional y la amenaza a la libertad de expresión son los puntos más objetados.

Pese a la sobreactuación de Javier Milei, fanático de Margaret Thatcher ayer nomás, el proyecto de Ley de Soberanía avanza por un camino sinuoso. El texto ideado por Santiago Caputo no despertó el entusiasmo esperado entre los diputados, propios y ajenos, y mucho menos en el presidente de la Cámara, Martín Menem. La delegación de facultades en el Consejo de Seguridad Nacional es uno de los aspectos más cuestionados por el Poder Legislativo. La imposibilidad de conseguir dictamen el último martes y de llevar el tema al recinto en la sesión del jueves, sumada a la nueva injerencia de la administración de Donald Trump, cuyo subsecretario de Estado, Christopher Landau, expresó su malestar por las posibles sanciones a empresas estadounidenses, alimentó las versiones de un posible cajoneo.

El oficialismo no tiene músculo político para negociar tantos frentes, y el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO son las prioridades. Sin embargo, las versiones de repliegue reactivaron a la Casa Rosada. El viernes, el asesor monotributista Santiago Caputo se encargó de desmentirlas y mantuvo un encuentro, según pudo reconstruir este diario, con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; la diputada Silvana Giudici y el secretario parlamentario, Adrián Pagán. Allí se definió aceptar las modificaciones que exigen los dialoguistas. Por la tarde, desde el entorno de Martín Menem aseguraron a este diario que piensan “avanzar lo más a fondo posible”. Los libertarios buscarán conseguir dictamen en un plenario de comisiones el próximo martes 27 o el miércoles, “a más tardar”, explicaron.

En el bloque reconocen que no llegarán a tratarlo antes del 18 de noviembre, fecha prevista para discutir el Presupuesto. “Juntar Malvinas con el presupuesto podría ser una forma de asegurarse el quorum”, dijeron desde la oposición y calificaron de “inteligente” la maniobra.

El sábado, el vocero Adrián Ravier dio más detalles en su cuenta de X. “Se realizó una reunión de avance del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en Casa Rosada, liderada por la Secretaría Legal y Técnica, con Diputados Nacionales donde recibimos aportes del PRO, del MID e incluso del PJ”, escribió. El peronismo negó haber realizado contribuciones. Unión por la Patria presentará un dictamen propio con foco en Malvinas. El bloque ve bien las sanciones, en línea con la Ley 26.

659, conocida como Ley Pino Solanas y sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero rechaza el resto del texto. “No queremos mezclar Malvinas con ningún otro tema”, explicaron. Para UxP, el proyecto es un “caballo de Troya”. Desde ese bloque le habrían sugerido a Menem que lleve a la mesa política que solo tiene consensos para votar el capítulo de las sanciones y desechar todo lo demás.