After U.S. Claims, Government Dilutes Malvinas Project and Adds More Changes

Terminaron las especulaciones. Al menos, aquellas que surgieron a raíz de los reparos de un sector del empresariado norteamericano al proyecto de ley sobre defensa de la soberanía nacional, conocido como “ley de Malvinas”, y que en la Casa Rosada y la Cámara de Diputados se encargaron de desacreditar. Pero la realidad se impuso. La visita al país del subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, terminó por despejar las dudas: Washington sigue de cerca el articulado que prevé sanciones contra las petroleras que operan en las islas. Y no disimula su preocupación.

Esta vez no fue una presión de la oposición. En conferencia de prensa, el subsecretario Landau blanqueó este jueves la existencia de cuestionamientos, que ahora obligan al oficialismo a revisar uno de sus proyectos legislativos más ambiciosos, anunciado en cadena nacional por el Presidente.

La posibilidad de dar marcha atrás o, al menos, materializar ciertas concesiones ante las presiones internas y externas, reavivó algunas disputas dentro del Gobierno.

El oficialismo quedó entrampado en su propia retórica de soberanía y enfrenta señalamientos por partida doble. Mientras que en el plano local le achacan que se trata de un proyecto que poco tiene que ver con Malvinas e introduce amplias reformas a las leyes de Defensa Nacional, de Financiamiento de los Partidos Políticos y de Inteligencia, desde el exterior le sugieren revisar el corazón de la propuesta. Precisamente, el capítulo I, destinado a proteger los intereses argentinos en las islas. Una de las principales banderas políticas de la iniciativa que ideó el asesor Santiago Caputo.

La ley, tal como la presentó Milei, se proponía endurecer las sanciones contra las empresas que operen en las inmediaciones de las islas y extender las penalidades a todas aquellas firmas que las financien. Demasiada “laxitud” para el filtro norteamericano, que le reclama al Gobierno delimitar “correctamente” los tipos penales.

Frente a este escenario, no faltan quienes observan con suspicacia una posible intención de dilatar el debate sobre Malvinas hasta el final del período de sesiones ordinarias.