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Embezzled funds, gambling, and public works needed amid the arrival of El Niño
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AI summary
This article discusses criticism of Javier Milei's government regarding the use of funds allocated for water infrastructure, especially in light of the El Niño weather phenomenon. As flooding and evacuations occur in several provinces, it is denounced that only 30% of the necessary resources have been executed, while the rest has been diverted to other purposes.
Experts and opposition politicians emphasize the seriousness of this situation, as public safety and infrastructure are at risk. The debate focuses on the government's inaction and resource management during a critical time.
Generated by AI from the original story in Spanish.
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Meteorólogos y expertos ambientales a nivel mundial ya habían anticipado la capacidad de daño del fenómeno “El Niño”, que llegaría esta primavera con una potencia desconocida, la más fuerte en 40 años. Esta semana, la advertencia de los científicos comenzó a traducirse en problemas concretos: la crecida de los ríos Uruguay y Paraná por las intensas lluvias ya dejó un saldo de por lo menos 400 personas afectadas –y contando– en el litoral, con decenas de familias evacuadas y pérdidas materiales.
Lo que por ahora es apenas la punta del hilo de una crisis potencialmente más severa se coló este martes en el debate por el Presupuesto 2027: la oposición aprovechó la presencia en Diputados del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para reclamarle por el destino de los fondos para obras hídricas a nivel federal, lo que ya había motivado la presentación de denuncias penales contra él y su jefe, el ministro de Economía, Luis Caputo. Según datos oficiales, en lo que va de la era Milei solo se ejecutó el 30 por ciento de los recursos del Fondo Fiduciario destinado exclusivamente a la infraestructura, dragado y saneamiento de los ríos, que ayudarían a prevenir mayores desastres.
El resto –se estima que unos $258.000 millones– fue a parar a la timba, al pago de intereses de deuda y a maquillar el déficit.
“Frente a un fenómeno climático que va a afectar a varias provincias, y que está generando inundaciones y evacuados, el propio gobierno reconoce que un fondo destinado por ley a ayudar a prevenir sus consecuencias, no se va a ejecutar como corresponde. Es insólito y es gravísimo”, señaló a Página/12 la diputada Sabrina Selva, quien tuvo un intercambio con Guberman sobre el asunto durante el debate por el Presupuesto.
El Fideicomiso de Infraestructura Hídrica se financia con el 4,31% de la recaudación del Impuesto sobre los Combustibles. Su destino, fijado por ley, es la obra pública en materia de manejo del agua, prevención de inundaciones, saneamiento, cloacas y el acceso a agua potable, que realizan tanto Nación como las provincias. También por ley, esos fondos tienen lo que se conoce como asignación específica: no se pueden redireccionar hacia otras funciones o destinos dentro de la administración pública. Y eso es precisamente lo que estuvo haciendo el gobierno en los últimos tres años.
Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a información de presupuesto abierto, Milei y Caputo subejecutaron el fideicomiso en un 70 por ciento promedio en los últimos tres años. Recién en 2026 el porcentaje comenzó a subir, lo que equiparó el promedio, pero en los primeros meses de gestión libertaria el ajuste en el fideicomiso fue brutal:
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