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La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejó sin efecto su sentencia contra la Argentina y dio por cerrada la etapa de primera instancia en el juicio por la estatización de YPF.
De esta manera, acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito y trasladó la definición final a la Corte Suprema estadounidense, que deberá determinar si acepta tratar la apelación del fondo buitre Burford Capital.
La magistrada puso fin a su intervención por la expropiación de la petrolera en 2012, durante la gestión de Cristina Kirchner. Con esta orden, anuló el fallo emitido en 2023 que obligaba al país a pagar 16.100 millones de dólares que, con intereses, superaban los 18.000 millones.
En marzo, los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes, anularon la sentencia de primera instancia al concluir que se había interpretado de forma errónea la ley argentina. El tribunal de alzada se basó en que la legislación impide demandas de terceros si interfieren con el proceso expropiatorio, señalando además que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas y por ello no habilita reclamos por daños. La instancia de apelación ordinaria quedó agotada luego de que el pleno del tribunal rechazara un pedido de revisión en junio.
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La decisión es presentada de manera neutral, citando el contexto legal sin énfasis en posturas políticas. Se hace referencia a las decisiones judiciales sin cargar la narrativa a favor o en contra de alguna ideología. No se mencionan opiniones de actores políticos que puedan sesgar la interpretación.