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El artículo enfatiza la denuncia de los rectores contra el Gobierno por no respetar la ley de financiamiento universitario, lo que sugiere una crítica contundente. Además, se menciona la 'división de poderes' y el 'desconocimiento del acuerdo democrático', palabras que evidencian una postura opositora al actual gobierno.
En la última audiencia general el Papa recibió de manos de Franco Baartolacci, Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), una carta en la que las autoridades de las universidades públicas del país denuncian la situación que está atravesando el sistema universitario en la Argentina, haciendo particular énfasis en el incumplimiento del Gobierno de la ley de financiamiento universitario, desestimando la insistencia del Poder Legislativo y desconociendo las decisiones de la justicia al respecto. Mientras en el país continúan de manera incesante todas las tareas preparatorias para la visita de León XIV al país, en Roma se supo que por indicación de sus médicos el pontífice decidió cancelar preventivamente un viaje que tenía previsto realizar a la ciudad italiana de Asis.
De acuerdo con la información publicada por Vatican News “según lo programado, el Santo Padre se ha sometido a una radiografía de tórax de control”. Pero de inmediato, en otra comunicación, la Oficina de Prensa vaticana precisó que “para continuar su recuperación tras la cirugía torácica a la que se sometió el pasado martes 13 de octubre, el Papa León XIV no estará presente en Asís el 27 de octubre, como estaba previsto, para el encuentro ‘Paz desarmada y desarmante’, que conmemora el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II”.
En la nota se advierte que “el gobierno nacional no ha respetado la decisión judicial y la ley sigue incumplida”. En consecuencia, dicen los rectores, “la profunda crisis no es solo presupuestaria” sino que “se lesiona progresivamente la legitimidad del sistema universitario, sin comprender, o sin importar comprendiéndolo, que por la misión de la universidad ese daño impacta negativamente en sus capacidades y potencial en la Nación toda”.
En la carta los rectores señalan que el incumplimiento de la ley genera “consecuencias institucionales (…) más allá de la cuestión universitaria”. Por eso, dicen las autoridades educativas, “como ciudadanas y ciudadanos debemos denunciar, con dolor y preocupación, el desconocimiento del acuerdo democrático y la división de poderes en nuestra Nación”.
Dicen también que “el Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario No. 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato”. Y señala como “un antecedente institucional peligroso” el hecho de que el Gobierno decida “qué leyes cumple y qué sentencia acata” porque de esta manera “lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.
En la carta del CIN se hace también un reconocimiento del aporte que el Papa hace en su encíclica Magnifica humanitas. “Para la universidad –dicen los rectores— es de vital importancia lo que señala la encíclica acerca de la comunicación y el diálogo como condiciones para la convivencia humana”. Y destaca especialmente la “defensa de la verdad” que allí hace el pontífice, que “como búsqueda humilde, individual, y a la vez colectiva, es un servicio a la paz”, una “paz entendida como tejido de justicia, reconocimiento y cuidado mutuo”.
Extracto. El contenido pertenece a Página/12.