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La necesidad de mantener la compra en secreto se presenta como una acción de protección de la seguridad nacional, sin evidenciar un sesgo ideológico claro. Además, las normas que respaldan el decreto se presentan como legalmente justificables, lo que indica un enfoque más objetivo y centrado en la seguridad.
“Secreto militar”: un mecanismo que ya se usó
El Gobierno declaró como secreto militar la adquisición de nuevo equipamiento para las Fuerzas Armadas, a través del Decreto 1205/2026 oficializado este lunes. La medida establece la reserva absoluta sobre los procedimientos contractuales de la operación, de modo que no se harán públicos ni el tipo de material, ni los costos, ni la empresa proveedora de la operación.
La decisión, que lleva las firmas de Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti, se da en un contexto de acentuada tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, se produjeron sanciones y denuncias penales contra petroleras no autorizadas en el archipiélago, el inicio de un arbitraje en la ONU bajo la Convemar contra el proyecto Sea Lion y la orden de construir una base naval en Tierra del Fuego.
Como respuesta, Londres convocó a la embajadora argentina para presentar una protesta formal, al tiempo que el primer ministro Andy Burnham advirtió ante el Parlamento que su administración será “implacable” para defender los derechos de los isleños.
En los considerandos del decreto, se sostiene que la naturaleza y la finalidad de este proceso exigen que su contenido sea conocido solo por personas autorizadas. Según el texto, su divulgación “podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación”.
El respaldo legal se apoya en tres normas:
Extracto. El contenido pertenece a El Cronista.
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