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El fallo representó un cambio sustancial respecto de la interpretación que había realizado Preska en 2023, cuando determinó que el Estado argentino debía indemnizar a los demandantes por no haber presentado una oferta pública para adquirir sus acciones durante la estatización.
Ahora, mediante la sentencia definitiva modificada, la jueza incorporó oficialmente el resultado de la apelación al expediente de primera instancia.
De esta manera, la obligación de pagar los u$s16.100 millones, establecida originalmente en septiembre de 2023, permanece anulada.
La resolución también desestima, en esta instancia, la pretensión de los demandantes de postergar el cierre formal del expediente mientras continúa el intento de llevar el caso ante la Corte Suprema.
La Corte Suprema de Estados Unidos tiene la última palabra
Pese a la decisión de Preska, el proceso judicial conserva una instancia pendiente.
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Datos recopilados de conversaciones públicas y estimados por IA. Fuente: contexto de la nota (sin datos utilizables de X).



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