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El Gobierno queda, entonces, frente a una encrucijada. O da un golpe de timón y suaviza los alcances de las sanciones en el texto de la ley (o permite que “alguien” introduzca matices), o se expone a que Estados Unidos traslade su poder de lobby a la superficie. En el primer escenario, el retroceso le hará pagar un costo local. Es natural que el principal asesor presidencial, Santiago Caputo haya reaccionado ante la mera posibilidad de que Estados Unidos ejerza presión para proteger sus intereses en la región. Fue él quien logró convencer a Milei de que la mención de Trump al asunto Malvinas era un cambio de postura real que podría modificar el panorama respecto al reclamo de soberanía, con terreno fértil para capitalizar políticamente. En rigor, esa coordinación nunca ocurrió.
Habrá que estar atentos a si el presidente norteamericano vuelve a la carga con el tema. Ha sucedido en el pasado que el mandatario republicano declara sobre asuntos cuyas implicancias no coinciden con la dimensión de la problemática o parecen soluciones viables para una coyuntura a corto plazo, pero podrían traer consecuencias. Su administración, en la capa más burocrática, no pasa por alto esos issues.
Resulta difícil dimensionar por qué el gobierno argentino generó su propio conflicto en una relación bilateral calificada por cualquier observador como idílica e inédita. La mala interpretación de las señales en la diplomacia generan patinadas en las que resulta sencillo quedar entrampado. Ahora cualquier movimiento significará un retroceso en una materia más que sensible.
Debe sumarse otro condimento que va en la dirección contraria a la postura argentina que es la propuesta de un delegado de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de la ONU, principal foro de exposición del reclamo por Malvinas. Argentina se abstuvo en una declaración formal de Rusia contra toda forma de colonialismo que se cimentaba con su estrategia para condenar las sanciones económicas que se le impusieron por la invasión a Ucrania. El alineamiento con Estados Unidos operó como una señal política sin implicancias concretas porque la disolución no se recorta en el horizonte de lo posible en una votación general en la ONU. Pero dejó un precedente que grafica el contorsionismo que deberá ejercer la administración Milei si la Ley Malvinas avanza tal cual está.
Los próximos meses serán cruciales también para la administración Trump que está, si el malestar se sostiene, a las vísperas de perder en la elección de medio término tanto la mayoría en la Cámara de Representantes como con probabilidades de perder el control del Senado también. ¿Cambiaría la política exterior? Nadie cree que ocurra, más allá de que Trump abuse de Órdenes Ejecutivas y enfrente impeachments que lo esmerilen pero que nunca lo dejen K.O. Fiel a su estilo, podría combatir el “Pato Rengo” con mayor radicalización y la mira puesta en un legado para el continente sobre el que proyecta sus objetivos.
Si se le preguntara a Marco Rubio, el jefe de la diplomacia norteamericana, ese legado podría ofrecerse de la mano de terminar de doblegar a Cuba para reinsertarla en el concierto de países capitalistas. Los más fantasiosos sueñan con la chance de coser una estrella más a la bandera que represente a la isla. Lo único cierto es que adquiere sentido que Trump arremeta contra el Comité de Descolonización de la ONU y que los catalogue como dilapidadores de recursos. Trump es trumpista, más que republicano. Pero los demócratas le envidian la visión que tuvo sobre América Latina en su política exterior.
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