Quién domina la conversación
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La Nación5 min de lectura

Estimación de IA · confianza 85%
Encuadre predominante
Libertario 65%
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El enfoque del artículo, que usa términos como 'grupos de tarea' y 'delincuentes violentos', sugiere un sesgo hacia la derecha, enfatizando la responsabilidad de los manifestantes por los incidentes. Además, los funcionarios del gobierno son citados en un contexto que respalda su postura sobre la seguridad y el orden público, mientras critican a los opositores.
El Gobierno calificó los incidentes ocurridos este jueves durante la 5° Marcha Federal Universitaria como un ataque a la democracia, tras los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, en los que se registraron empujones, piedrazos y daños al espacio público en la zona del Congreso.
Fue el secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien apuntó a “grupos de tarea” por la violencia y defendió el accionar de la administración de Javier Milei respecto al presupuesto para universidades, un foco de tensión con la educación pública, que reclama fondos en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Estos son grupos de tareas, está claro que hay organización, es recurrente, está a la vista. Son organizaciones que se dedican a generar ataques a la democracia por esta vía. Sucede en todo el mundo, pero es recurrente, se los tiene identificados, son los mismos grupos. Entiendo que estarán haciendo esas tareas”, aseguró Torrendell.
En diálogo con radio Mitre, el funcionario se refirió a versiones que indican que determinados grupos que generaban los incidentes eran infiltrados. “Me parece que es bastante evidente que el Gobierno, en materia de espacio público, está buscando la paz y la tranquilidad. Cuando uno genera violencia en el espacio público, uno cuestiona la democracia y la republica; si no, se estarían manifestando dentro de la ley”, se limitó a decir. Los disturbios se dieron después del acto de cierre en las inmediaciones al Congreso, que permanecía vallado; en las columnas universitarias no hubo manifestaciones violentas.
El reclamo universitario planteaba que la marcha se realizó en defensa de la educación pública, la soberanía nacional y la democracia. El texto sostuvo que el principal reclamo fue el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó al Gobierno por no haber aplicado plenamente una norma que fue aprobada por el Congreso y ratificada después del rechazo al veto presidencial.
“El Gobierno cree que está cumpliendo con la ley, está litigando en los tribunales. Cumplir la ley es pagar lo que se debe dentro de lo técnicamente adecuado. Cuando uno aprueba que va a destinar fondos a las universidades, hay que hacerlo con los fondos que corresponden. El punto es que hay un país que adhiere mayoritariamente a cuidar los recursos y el superávit fiscal y dentro de eso uno va a asignando. El Congreso tiene que definir de dónde se sacan los recursos para que vayan a las universidades”, consideró Torrendell.
Extracto. El contenido pertenece a La Nación.