La orden que llegó de la Casa Blanca contra la Ley de Soberanía

La semana pasada, sin mediar explicación alguna, el oficialismo congeló el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa era parte del paquete malvinero que Javier Milei organizó para recuperar un lugar en la agenda política. Sin embargo, y por orden del Departamento de Estado norteamericano, se frenó el proyecto porque el gobierno de Donald Trump quiere confirmar que las empresas norteamericanas no corran riesgo de ser alcanzadas por las sanciones que prevé la futura norma. Lo dijo ayer en conferencia de prensa el número dos de Marco Rubio, Christopher Landau, junto al canciller Pablo Quirno.

“Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, dibujó el subsecretario del Departamento de Estado.

A su turnó, Quirno resaltó que el alineamiento irrestricto con Trump: “El presidente Javier Milei hizo de la alianza con los Estados Unidos una prioridad geopolítica de la Argentina. Somos dos países que asumen sus posiciones sin eufemismos. Decimos lo que pensamos y cumplimos lo que prometemos”.

La reunión previa entre Quirno y Landau estuvo marcada por anuncios en materia de seguridad, inversiones y cooperación económica. Landau tiene previsto reunirse con Milei este viernes.

La misión de Lanadau no le era extraño a los funcionarios de la Casa Rosada. De hecho, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, había transmitido la preocupación de Washington por las sanciones que prevé el proyecto de Defensa de la Soberanía para aquellas empresas vinculadas con las petroleras Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) que trabajan en Malvinas. Sin duda, esa preocupación está dada porque muchas de esas empresas que trabajan con las que explotan el proyecto Sea Lion son de origen norteamericano.