Juicio por YPF: la jueza Preska dio un paso clave y ahora quedan dos caminos hasta el final del caso por la estatización

Luego de que la jueza estadounidense Loretta Preska cerrara el expediente en Nueva York por la supuesta violación del estatuto de la petrolera YPF al momento de su expropiación por parte de la Argentina los demandantes del caso tienen todavía dos vías para lograr que el Estado le pague hasta US$ 16.100 millones más intereses.En Estados Unidos el juicio solo puede seguir en la Corte Suprema de Justicia. Los administradores de la quiebra de las sociedades Petersen Energía Petersen Energía Inversora (estas dos pertenecieron a la familia Eskenazi) y Eton Park financiados por el fondo Burford Capital hicieron una petición de certiorari para revisar el fallo de la Corte de Apelaciones que revirtió la sentencia condenatoria de Preska.

La solicitud de certiorari no implica que la Corte Suprema automáticamente tome el caso sino que deberá definir si hay razones suficientes para aceptarlo. Cada año recibe hasta 8.000 peticiones y suele revisar no más de 80 casos -explican fuentes que conocen el funcionamiento judicial norteamericano-; es decir en torno al 1%.El ex subprocurador del Tesoro de la Nación Sebastián Soler explicó que "Preska cerró el expediente y dio por terminado el caso en su juzgado porque es lo que correspondía después de que en marzo la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó y dejó sin efecto la sentencia de primera instancia de Preska que en 2023 había condenado a la Argentina"."

La única otra manera que puede intentar Burford es un reclamo arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el supuesto incumplimiento de los tratados bilaterales de inversión que Argentina celebró con España (en el caso de las sociedades Petersen) y Estados Unidos (por Eton Park). Burford presentó el primero a mediados de septiembre pero aún no el segundo" sumó Soler.Con pocas probabilidades en la Corte Suprema norteamericana el juicio iniciado en 2015 está al borde de llegar a su final.

En el CIADI del Banco Mundial el procedimiento consta de un arbitraje y puede demorar varios años con números menores en cuanto a la posible cifra condenatoria si es que existiera una sentencia contra el Estado argentino.