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El presidente Javier Milei recibirá al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, esta mañana en la Casa Rosada. El encuentro se produce en medio de las observaciones que la administración de Donald Trump realizó sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Las sugerencias que emanaron desde Washington referían a que la redacción original podía afectar empresas vinculadas que no estuvieran involucradas de manera directa con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.
En una conferencia realizada este jueves en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, Landau sostuvo que la legislación es una cuestión de las autoridades argentinas, pero admitió que Washington sigue de cerca sus consecuencias para el sector privado estadounidense. “Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo”, afirmó.
Participarán del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo. Se prevé que entre los temas de conversación se incluyan aspectos vinculados a la seguridad y la “lucha contra el terrorismo” en la región, así como de las diferentes políticas de apoyo económico que ambos países vienen manteniendo en los últimos años.
Un régimen sancionatorio con alcance sobre socios y proveedores
Aunque quiso ser desmentido por funcionarios del Gobierno, fueron los mismos integrantes de la administración estadounidense quienes reconocieron su preocupación por la redacción original del proyecto por Malvinas. La iniciativa no alcanzaba solo a las firmas que operan en el archipiélago, sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores relacionados con actividades petroleras sin autorización argentina.
El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, había transmitido a funcionarios argentinos la inquietud de Washington y de empresas estadounidenses por el alcance del Título I. La preocupación se concentraba en las penalidades contra compañías asociadas con las petroleras que trabajan en Malvinas y que fueron denunciadas por la Argentina ante el Tribunal Internacional del Mar, en Hamburgo.
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