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La Nación4 min de lectura

Estimación de IA · confianza 70%
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El artículo se enfoca en las trabas administrativas y las preocupaciones de las pymes, presentando las dificultades como un problema logístico más que político. Esto sugiere un enfoque más centrado que ideológico.
El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) nació con el espíritu de estimular las inversiones de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Con distintos beneficios impositivos, el Gobierno buscó facilitar la compra de bienes de capital y la ampliación de la capacidad productiva. Sin embargo, a casi dos meses de reglamentada la iniciativa, su llegada al universo empresario enfrenta varios obstáculos y son pocas las industrias que efectivamente le sacan provecho.
El proyecto se creó de la mano de la Reforma Laboral, una decisión que intentó equiparar a los empresarios más pequeños con los incentivos que tenían las grandes compañías con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa contempla dos beneficios centrales: la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA, cuyo plazo se reduce de seis a tres meses. Así, las pymes podrían mejorar su flujo de fondos y acortar el tiempo que necesitan para recuperar parte del capital invertido.
“Los clientes se acercaron a averiguar, pero encontraron una vara muy alta para el acogimiento de cada uno de los tramos de inversión. A esto se le sumó que surgieron dificultades para aquellas empresas que no tenían el Certificado MiPyME vigente al primer día del ejercicio en que hicieron la primera inversión, por lo que perdieron el beneficio sobre los bienes comprados. Terminó generando mucho esfuerzo, y muchas perdieron el interés. Si fuese más fácil, podría ayudar al rubro”, consideró Guillermo Poch, socio de Auren Argentina.
Las condiciones de acceso redujeron el atractivo del esquema, especialmente para las compañías más chicas. Según la categoría de la empresa, los pisos van desde US$150.000 para las microempresas hasta US$600.000 para las pequeñas, US$3,5 millones para las medianas del tramo 1 y US$9 millones para las medianas del tramo 2. Estos umbrales no se aplican a todas las inversiones: ciertos bienes y equipos vinculados con el riego agrícola, las mallas antigranizo, la eficiencia energética y determinados animales reproductores pueden acceder sin un monto mínimo.
“Existen pymes interesadas en la adhesión al RIMI, pero muchas de ellas se hacen eco de que el piso mínimo de inversión es muy alto. Hablamos de US$9 millones en el caso de las empresas medianas y, en las circunstancias en las que estamos, con la recesión del mercado y del consumo, es un monto que puede ser muy ato. La mayoría de las empresas interesadas son del rubro agroindustrial, porque no tienen un piso mínimo en ciertas categorías”, explicó Claudia Pose, socia de Impuestos de BDO en la Argentina.
El sector agroindustrial aparece, en cambio, entre los que podrían encontrar oportunidades más concretas. Las inversiones en sistemas de riego y en determinados equipos de eficiencia energética no están sujetas a los pisos generales, y pueden amortizarse fiscalmente en un plazo más corto. Para las empresas que tienen ganancias imponibles, ese beneficio permite anticipar deducciones y mejorar el resultado financiero de la inversión.
Extracto. El contenido pertenece a La Nación.