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El uso de términos como "disparate" y las denuncias de ilegalidad y extorsión por parte del sindicato apuntan a una fuerte crítica hacia el gobierno. Además, el énfasis en la pérdida de salario y las condiciones impuestas a los trabajadores refuerza un marco negativo respecto a las acciones del gobierno.
El gobierno se endeudó en 300 millones de dólares para pagar los retiros voluntarios con los que apunta a reducir en 20 mil empleados la administración pública. Así lo denunció la Asociación de Trabajadores del Estado, que este miércoles va a movilizarse a la Residencia Presidencial de Olivos para repudiar el nuevo ajuste. “Se endeudan en dólares para despedir en pesos. Esto es un disparate, una maniobra completamente ilegal”, sostuvo el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. La protesta fue convocada para las 17 horas.
Aguiar llamó a los trabajadores de Estado a no aceptar los retiros, y planteó que el gobierno “está aumentando la deuda externa para dejar sin empleo a los estatales y sin prestaciones y derechos” a la sociedad. “Con esto, los únicos que ganan son los bancos extranjeros y perdemos todos los argentinos”.
El crédito fue tomado por el ministerio de Economía con el Banco Interamericano de Desarrollo, e implica una deuda a 25 años. Al cuestionarlo, el sindicato señaló que “ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para construir rutas, escuelas, hospitales o para abrir fábricas y tener un mejor futuro”.
El gremio aseguró, por otra parte, que el Poder Ejecutivo no tiene permitido tomar deuda en dólares para gastos corrientes y que el gobierno vulnera la Ley de Presupuesto, porque el endeudamiento no fue aprobado por el Congreso Nacional.
El plan de retiros voluntarios fue lanzado el lunes pasado. Está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y su objetivo es que se desvinculen unos 21 mil trabajadores que son parte de la planta permanente.
En lo que va de la gestión libertaria ya fueron dejados sin empleo 74 mil trabajadores de la administración pública nacional, mediante varias olas de despidos que empezaron con la no renovación de contratos temporales (un modo de contratación precaria muy extendido dentro del Estado, y en el que había trabajadores con más de 20 años de antigüedad) y siguió con pases a disponibilidad, un mecanismo que permite pagar durante un año la mitad del sueldo y luego despedir sin causa.
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