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El énfasis en los recortes a servicios sociales y de salud junto con el incremento en el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia sugiere un enfoque crítico, alineándose más con una perspectiva de izquierda. Las críticas sobre la distribución desproporcionada de recursos también indican una postura izquierdista.
El gasto público nacional acumuló una caída del 31 por ciento en términos reales durante los primeros 9 meses de 2026 respecto del mismo período de 2023, antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Sin embargo, el ajuste no fue uniforme: mientras se redujeron los recursos destinados a hospitales, universidades, programas sociales y obras de infraestructura, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) registró un incremento del 63 por ciento. Al mismo tiempo, los servicios de la deuda pública aumentaron su participación dentro del presupuesto nacional.
Los datos surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional hasta septiembre. El relevamiento muestra que el gasto total prácticamente no tuvo modificaciones respecto de 2025, con una disminución real del 0,3 por ciento.
Una de las principales diferencias aparece en la distribución de los recursos. Los servicios de la deuda pública representaron el 11,2 por ciento del gasto ejecutado, frente al 8,8 registrado durante los primeros 9 meses del año pasado. En términos reales, estas erogaciones aumentaron 27,8 por ciento interanual, mientras que el presupuesto destinado a distintas funciones sociales y económicas continuó bajo presión.
El contraste también alcanza a los organismos que dependen directamente del Poder Ejecutivo. La SIDE recibió 63,2 por ciento más recursos que en 2023 y registró un crecimiento del 21 por ciento respecto de 2025. En cambio, la Agencia de Acceso a la Información Pública sufrió una reducción del 43,3 por ciento, la Defensoría del Pueblo del 40,5 y la Auditoría General de la Nación del 19,7.
El sistema sanitario aparece entre los sectores afectados por la reducción presupuestaria. La Superintendencia de Servicios de Salud perdió 73,4 por ciento de sus recursos reales respecto de 2023, mientras que la ANMAT registró una caída del 35,6 y el Instituto Malbrán del 30,4.
La situación también alcanza a los hospitales nacionales. El Hospital Laura Bonaparte tuvo una disminución del 52,7 por ciento, el Baldomero Sommer del 47,9, el Ramón Carrillo del 43,8 y el Posadas del 26,6. Como excepción, el INCUCAI recibió un incremento presupuestario real del 58,1 por ciento.
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