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En una jornada sombría para la democracia, el gobierno logró desactivar la sesión opositora convocada para rechazar el DNU 70/2023 y reprimió la quinta Marcha Federal Universitaria. Fue clave la colaboración de los gobernadores aliados para frenar la avanzada parlamentaria que tenía dentro del temario la prórroga de la emergencia en discapacidad y el proyecto para mitigar el sobreendeudamiento que sufren millones de argentinos. Los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, Chubut, Neuquén y San Juan ayudaron al gobierno con la ausencia de sus legisladores.
El catamarqueño Jalil, cuyos diputados ocuparon sus bancas, acusó que ya no conduce su propio bloque. Desde temprano la Casa Rosada ejerció presión. Primero anunció inversiones para modernizar el sistema ferroviario de Salta; luego difundió una imagen de Santilli junto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Un grupo de infiltrados le dio al Gobierno la excusa para desatar una feroz represión bajo la lluvia y dejó la postal de caos que el oficialismo anticipó el día anterior.
La pantalla del recinto quedó clavada en 121 diputados presentes a las 14.30 cuando se agotó el tiempo reglamentario. Faltaban ocho. Martín Menem dio por “fracasada” la sesión opositora y habilitó las expresiones de minoría. Detrás del cortinado de los palcos, los libertarios filmaron la escena entre risas y celebraron la obturación del debate. Como si se tratara de un perfecto nado sincronizado, minutos después la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió la aplicación de multas al Gobierno tras la judicialización por el incumplimiento del financiamiento universitario.
Así respondió el Palacio y la Justicia al reclamo de miles de estudiantes que se movilizaron desde temprano a las inmediaciones del Congreso bajo la lluvia. La aparición de un grupo de encapuchados con herramientas para romper los bancos y las baldosas desencadenó una brutal represión que se extendió durante toda la tarde. Estudiantes, endeudados y personas con discapacidad se llevaron palos, gases y ninguna respuesta.
El guiño de la Justicia al gobierno libertario quedó expuesto el último viernes cuando los jueces de la Corte se reunieron de manera extraordinaria para dar cierre a la ventana de diez días que abrieron con el fallo que ratificó la derogación de la Ley de Tierras y habilitó por ese periodo de tiempo la extranjerización del territorio nacional sin límites. Fue un primer paso para desarticular la sesión. En paralelo, el Martin Menem prometió a los aliados “resolver la cuestión de las tierras” en el cajoneado proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada y llamó a sesionar el 21 de octubre con una parte del temario de los opositores, como la nueva ley de discapacidad y morosidad, más proyectos de aliados del PRO y la UCR para boicotear la ofensiva opositora.
La Casa Rosada presionó a los aliados y comenzó a tejer negociaciones macro en las que se inscriben los acuerdos electorales, el Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y el toma y daca de la política que acostumbra el gobierno libertario en un contexto de asfixia permanente que padecen las provincias. El resultado se vio en el recinto. El tucumano Osvaldo Jaldo dio muestras de disciplina una vez más y forzó el faltazo de sus tres diputados. Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández estuvieron en el Congreso y, si bien manifestaron su intención de dar quórum a la oposición, el llamado de su jefe político neutralizó sus aspiraciones.
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El artículo presenta una crítica al gobierno por su represión y sus tácticas para desactivar la oposición, lo que sugiere un enfoque de izquierda al enfatizar los problemas sociales y la oposición. Frases como 'sombría para la democracia' y 'brutal represión' refuerzan esta perspectiva.
Extracto. El contenido pertenece a Página/12.


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