Malvinas: el Gobierno recurrió al Tribunal del Mar y Londres blindó a las petroleras

El gobierno de Javier Milei concretó finalmente su amenaza y presentó una demanda contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que se inicie un proceso de arbitraje internacional respecto a la explotación de reservas petroleras en la cuenca de las Islas Malvinas. Horas después, el Reino Unido anunció la implementación de medidas legales para proteger las actividades inglesas. La administración británica invocó la legislación de Protección de Intereses Comerciales para blindar a las empresas que operan en el yacimiento Sea Lion. En paralelo, le pidió a Interpol que rechace los pedidos de detención de la Argentina vinculados a ese proyecto, que calificó como “un intento de intimidar a personas y empresas para que no operen en las Malvinas”.

En medio del sobreactuado giro malvinero, el canciller Pablo Quirno calificó de “inédita” la estrategia del Gobierno y aseguró que Javier Milei tiene la “intención pacífica de resolver una disputa que está en su corazón”. Bajo este guión, el ministro pasó por alto los elogios del Presidente a Margaret Thatcher y el proceso de desmalvinización de los primeros años de gestión para destacar que es “la primera vez que Argentina acude a un arbitraje sobre este tema”.

La narrativa libertaria ignora los reclamos previos. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, por ejemplo, en 2011 se impulsó la ley que restringió la actividad hidrocarburífera sin autorización argentina; en 2012, se declararon ilegales las operaciones de cinco petroleras; en 2013, se endurecieron las sanciones penales y, en 2015, se denunció a empresas que exploraban en la zona y se consiguieron embargos judiciales por más de 156 millones de dólares.

El Reino Unido, por su parte, ratificó su respaldo al desarrollo de las exploraciones en Sea Lion y habilita su continuidad en medio de la disputa diplomática y jurídica por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, donde la Argentina reivindica derechos soberanos sobre la plataforma continental. La autorización involucra al secretario de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, cuyo consentimiento es necesario para determinadas licencias de hidrocarburos en el archipiélago. El gobierno británico sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales y que esa facultad forma parte de su posición sobre la autodeterminación.

La legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI) le permite al gobierno británico tomar acciones concretas para “blindar” a las empresas. Entre otros puntos, permite prohibir a las compañías y personas bajo jurisdicción del Reino Unido que cumplan con leyes extranjeras, en este caso, las argentinas, que imponen sanciones o restricciones a quienes operan en Malvinas.

La decisión que hace caer en saco roto las amenazas de Javier Milei en su pantomima de defensa soberana fue confirmada por Miliband a través de la prensa de su país. Significa que la firma israelí Navitas y la británica Rockhopper seguirán operando a pesar de las sanciones que impulsa la Casa Rosada, en el marco de la campaña publicitaria de defensa de la soberanía del archipiélago con la que el mileísmo busca revertir su imagen luego de impulsar la extranjerización sin límites del territorio.