Condiciones de crédito abusivas y familias en mora

Con 131 diputados presentes en el recinto, se inició la sesión en la que se trataron la emergencia en discapacidad, morosidad familiar y la inviolabilidad de la propiedad privada (ley de Tierras). En materia económica, el proyecto de morosidad del oficialismo no involucra una política de desendeudamiento sino de “protección al consumidor”, eludiendo figuras como la práctica abusiva y centrando el problema en la información que recibe el deudor. En oposición, el proyecto de minoría plantea la emergencia económica y reconoce que acreedores y deudores no negocian en pie de igualdad.

El principal problema del dictamen de mayoría, que es la propuesta hecha por el Gobierno, reside en el enfoque general que adopta. “Frente a una crisis de sobreendeudamiento ya instalada, su objeto no es desendeudar, refinanciar ni regular sustantivamente el costo del crédito, sino mejorar la “transparencia”, la información, la educación financiera, el consentimiento digital, la prevención del fraude y la posibilidad de cambiar de proveedor.

El propio título del proyecto —“Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”— expresa ese desplazamiento”, advierte un documento del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que dirige Claudio Lozano, donde se analizan los proyectos en danza.

En consecuencia, la mora lejos de verse como un problema colectivo, se individualiza: “podría evitarse si las personas conocieran mejor el costo del crédito, administraran mejor sus ingresos, comprendieran su perfil de riesgo o fijaran voluntariamente límites a su consumo”, resume el IPyPP.

Pero el dilema del sobreendeudamiento es colectivo y es político. Aparece ligado a las raíces del modelo económico que defiende Javier Milei: bajos ingresos, empleo precario y precios de bienes y servicios esenciales que suben mes a mes. Las familias, especialmente de bajos recursos, y los jóvenes, precarizados, no tienen más alternativa que tomar deuda para cumplir sus obligaciones.

El incremento de las tasas de interés también forma parte de este trasfondo, pero el proyecto del oficialismo ni siquiera apela a regular las tasas. El Gobierno exige a los bancos que informen cuánto cobra el Estado en impuestos por cada crédito -hay un artículo entero dedicado a la “transparencia de la carga tributaria del crédito”-, pero no fija ningún límite a lo que cobran ellos.