Javier Milei y China: el swap que sostiene las reservas y las contradicciones de una diplomacia de redes

Mientras el Gobierno facilita el ingreso de estas tecnologías, Santiago Caputo, uno de los asesores más influyentes del Presidente, difundió una publicación donde advierte sobre supuestos riesgos de espionaje asociados a los automóviles inteligentes chinos. Incluso planteó la posibilidad de que Beijing pudiera desactivar remotamente vehículos argentinos ante un eventual conflicto internacional.

Es legítimo discutir los riesgos de ciberseguridad de cualquier tecnología. Pero existe una diferencia fundamental entre identificar una vulnerabilidad y demostrar una operación de espionaje organizada por un Estado extranjero. No se han presentado pruebas públicas suficientes para afirmar que los vehículos chinos comercializados en Argentina estén siendo utilizados para operaciones de inteligencia.

Los automóviles modernos incorporan cámaras, sensores, conectividad y sistemas de almacenamiento de datos independientemente de su país de fabricación. Cada Estado soberano dispone de facultades para establecer normas de seguridad, homologación y protección de datos. Existen además estándares internacionales, como los reglamentos 155 y 156 de Naciones Unidas, que abordan la ciberseguridad automotriz y las actualizaciones de software.

Argentina puede exigir auditorías, certificaciones y restricciones para vehículos utilizados en instalaciones estratégicas. La seguridad tecnológica requiere controles efectivos y criterios equivalentes para todos los proveedores.

Hay otro elemento que merece atención. China está promoviendo mecanismos multilaterales de gobernanza tecnológica, entre ellos la iniciativa de la Organización Mundial para la Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO), orientada a desarrollar estándares internacionales, fortalecer la seguridad, promover la trazabilidad y garantizar el control humano sobre los sistemas inteligentes. Su participación en estas iniciativas no reemplaza las auditorías independientes, pero demuestra que existen espacios institucionales para abordar estos desafíos mediante cooperación y regulación.

La preocupación sobre los datos también debe analizarse considerando antecedentes occidentales. El caso Cambridge Analytica documentó la utilización indebida de información personal obtenida mediante Facebook para elaborar perfiles políticos y orientar campañas electorales. La propia plataforma X enfrenta investigaciones regulatorias europeas sobre sus sistemas de recomendación y gestión de riesgos digitales.