Avanza proyecto del Gobierno que cierra la puja por Ley de Tierras y crea desalojos exprés

El gobierno de Javier Milei consiguió aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al que sacó del cajón donde lo dejó guardado durante dos meses por la necesidad de darle un cierre a la pelea sobre la Ley de Tierras y los líimites para la venta de territorios a extranjeros, que amenazó el "mega DNU".

La iniciativa se aprobó con 124 votos a favor 119 en contra y 6 abstenciones y vuelve al Senado, donde ya se había aprobado el 7 de agosto pasado pero luego de que el oficialismo resignara varios capítulos de su versión original, entre ellos el que modificaba la Ley 26.737 sobre Tierras Rurales que establece un límite del 15% del territorio nacional para la venta de tierras a personas y empresas extranjeras.

Sin ese punto clave, el proyecto quedó reducido a una reforma sobre otros aspectos relacionados con la propiedad, entre ellos, el establecimiento de método "exprés" para los desalojos de inmuebles. El oficialismo perdió interés y lo durmió. Sin embargo, eso cambió la semana pasada, cuando la oposición intentó derogar el DNU 70/2023, columna vertebral de la gestión de Milei.

La excusa fueron las idas y vueltas de la Corte Supreme de Justicia en torno al artículo 154 del "mega DNU" que dispone la derogación de la Ley de Tierras. Para evitar que la oposición sumara el apoyo de otros bloques, La Libertad Avanza (LLA) decidió restituir los límites a la "extranjerización" de tierras dentro del proyecto de Propiedad Privada. Su aprobación en Diputados busca así darle un cierre a esa disputa.

¿Cómo es el blindaje a la Ley de Tierras que incluyó el Gobierno en el proyecto de Propiedad Privada?

La bancada de LLA incorporó al proyecto de Propiedad Privada dos nuevos artículos: uno que deroga el controvertido articulo 154 del DNU 70 y otro que, directamente, restituye "la plena vigencia de la Ley 26.737" que sancionó en 2011 el gobierno de Cristina Kirchner y dispone un límite del 15% del territorio nacional en manos extranjeras.