El Gobierno recurre a un tribunal de la ONU por el petróleo en Malvinas y expertos advierten sobre el riesgo de la jugada

A orillas del río Elba, la ciudad alemana de Hamburgo alberga al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Hasta allí llegará próximamente una delegación de la Cancillería con la intención de defender los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, la “causa nacional” que hoy abraza con inusitada fuerza el gobierno de Javier Milei.

Mario Oyarzábal, diplomático de carrera con misiones pasadas en Países Bajos y Naciones Unidas, es el encargado de llevar adelante, como director de la consejería legal internacional, el reclamo que el Gobierno presentará ante el tribunal.

Este lunes vence el plazo de dos semanas que la diplomacia nacional le dio a Gran Bretaña para que frene la actividad de explotación petrolera que, en el contexto del proyecto Sea Lion, llevan adelante las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) en las aguas circundantes a las islas.

Nadie espera que Gran Bretaña revea su posición y la decisión de llevar a cabo la presentación está tomada.

Experimentados diplomáticos consultados por LA NACION advirtieron sobre eventuales consecuencias negativas que ese reclamo unilateral podría traer en la batalla por la recuperación de las islas por la vía diplomática.

La idea del Gobierno y la Cancillería que encabeza Pablo Quirno, afirmaron fuentes oficiales, es que el tribunal −conformado por 21 miembros y creado en 1982 en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar− decida sobre la pertinencia del reclamo argentino ante Gran Bretaña, que rechazó la postura nacional y le adjudicó la intención de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.