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Este presente dramático que vivimos no es otra cosa que el “futuro venturoso” que prometía Javier Gerardo Milei cuando, apenas diez días después de su asunción, firmó el DNU 70/23, titulado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, piedra basal de su proyecto de ajuste neoliberal.
Con aires de reforma constitucional encubierta, letra del “coloso” Federico Sturzenegger –por entonces, sin cargo en el flamante gobierno, eterno catalizador de los intereses más concentrados- y prosa épica en sus fundamentos, el decreto estrenaba un procedimiento desconcertante, que es el de mezclar temas, competencias y jurisdicciones, práctica que se volvería recurrente en la administración libertaria.
Para arrogarse facultades del Poder Legislativo y derogar más de 366 leyes y resoluciones a través de un único decreto presidencial, Milei justificó la “necesidad y urgencia” en un inminente cataclismo hiperinflacionario producto de las regulaciones concebidas por “la casta gobernante”, prédica antipolítica que funcionó eficazmente para articular una mayoría social que lo depositó en la Casa Rosada.
La memoria del triunfo en el balotaje aún estaba fresca. Milei había ganado la elección con casi el 56% de los votos frente a Sergio Massa, el candidato del panperonismo, que arañó el 44%. Su legitimidad de origen abonó un efecto comprensivo automático hacia sus decisiones, que contagió también a grupos de la oposición, por un tiempo extenso.
Aunque el decreto hiciera detonar el precio de los alquileres, las restricciones de la venta de tierras a extranjeros, los controles a los aumentos de las prepagas, toda la normativa protectora del poder adquisitivo del salario, el “compre argentino”, cambiara el régimen de empresas públicas para ponerlas a tiro de privatizaciones, abriera las importaciones de manera indiscriminada, arrasara con los derechos laborales, disolviera el Instituto de la Yerba Mate, eliminara regulaciones financieras y bancarias y, entra otras cosas, favoreciera a Starlink del amigo presidencial Elon Musk, los “dadores de gobernabilidad” crecieron como hongos después de la lluvia.
Argumentaban allá por diciembre del 2023 que la gente había votado “esto”, aunque “esto” fuera violar mediante un simple decreto aspectos clave de la Constitución Nacional para imponer el andamiaje jurídico sostén de un nuevo Estado benefactor, pero en este caso de “los mercados”, y así liberarlos de la “opresión populista” que habían padecido cuando el salario promedio argentino era, medido en dólares, el más alto de América Latina, bajo el segundo (y demonizado) gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Extracto. El contenido pertenece a Página/12.


Economía · El Cronista

Economía · La Nación
