La disputa por el financiamiento universitario complica a Milei más allá de los disturbios

El violento y prolongado enfrentamiento entre un grupo de manifestantes y la policía durante la quinta Marcha Federal Universitaria empañó el legítimo reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento para las universidades, pero también abrió un interrogante para el gobierno de Javier Milei, respecto de la conveniencia política de sostener su negativa a aplicar esa norma.

Por un lado, la puja por los fondos para el sistema universitario público ya empezó a meterse en la discusión en Diputados por el Presupuesto 2027 de Milei. Por el otro, las imágenes de la represión policial en las cercanías del Congreso y de los manifestantes que arrojaron piedras y sacudieron las vallas -casi todos ellos encapuchados- distan de lo que el Presidente busca transmitir a los mercados y al exterior, porque es una foto de descontrol.

En el oficialismo suponen que, en realidad, ayuda a Milei -que regresa este viernes de su vigésima visita a EE.UU.- a reforzar la polarización y el discurso sobre "el riesgo kuka" para cargarle nafta a su reelección.

Sin embargo, esa lectura permea más en el electorado propio que en el amplio universo de indecisos para 2027. Además, lo concreto es que siempre es mejor la imagen de una calle en orden y que todo el episodio tiene un origen específico: la pelea con las universidades por el financiamiento, que en rigor se da desde el inicio de la gestión libertaria y amenaza con distorsionar los planes futuros del Gobierno en el Congreso.

Por qué la pelea por el financiamiento universitario va más allá de los disturbios frente al Congreso

La Ley de Financiamiento establece pautas de recomposición y actualización automática por inflación de las partidas para el funcionamiento de las universidades. Tras su aprobación en agosto de 2025, Milei aplicó el veto y el Congreso la ratificó con las mayorías agravadas que correspondían.