The unhappy anniversary of universities

Desde que asumió Milei, la comunidad universitaria del país realizó cinco marchas federales, todas multitudinarias. La última, que concentró más de un millón de personas, ocurrió hace apenas unos días y fue empañada por el despliegue represivo de las fuerzas de seguridad. El reclamo parece sencillo: que el gobierno cumpla la Ley de financiamiento que asegura la supervivencia de la educación superior pública en Argentina. Sin embargo, a un año de su promulgación, el Ejecutivo insiste en embarrar la cancha y vuelve un acto sencillo –pagar lo que debe, según indica la norma– en un proceso casi kafkiano. En esta nota con Página/12 hablan rectores, líderes gremiales, referentes estudiantiles y el abogado que representa el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que conoce de cerca la judicialización de la norma.

La Ley de financiamiento fue votada y re-votada por el Congreso de la Nación, logró superar un veto presidencial con mayoría calificada y, como si fuera poco, su aplicación fue respaldada por la Justicia en cada instancia. En concreto, y de mínima, deberían incrementarse los salarios de los trabajadores universitarios en un 33 por ciento, las becas estudiantiles en un 100 por ciento y garantizarse los gastos de funcionamiento. Sencillamente, en Argentina, el gobierno decide no cumplir una norma y, en términos prácticos, todo parece seguir como si nada. Aunque, en la práctica, el escenario va mutando.

Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del CIN, señala a este diario: “No solo está en juego el presupuesto universitario, sino quién decide. En un sistema republicano y democrático como el nuestro, hay dos poderes que dicen qué se debe cumplir con una norma, y el Poder Ejecutivo no acata ni la decisión del parlamento ni de la justicia. Nos preocupa porque está en riesgo la democracia”. Y continúa: “Cumplir una ley no es algo opcional; una norma no es una recomendación sino una obligación. Es una barbaridad lo que pasa. Estamos evaluando hacer una denuncia penal en caso de que persista el incumplimiento. Es un cuento de no acabar. Aunque por momentos cansa, resignarse no es una opción”.

Además del reclamo por lo que el gobierno no pagó hasta ahora, también se asoma el debate por lo que el gobierno no quiere pagar de cara al futuro. Por eso, el conflicto de fondo también está dado por el presupuesto 2027. Mientras la propuesta del oficialismo es destinar 7.3 billones de pesos a las universidades el año entrante, los rectores solicitaron 11 para que las universidades puedan seguir desempeñando sus funciones sustanciales. Como en años previos, este desacople en los deseos de uno y otro sector será un motivo de disputa. De hecho, ya lo está siendo.

Luego de la sanción, el cumplimiento efectivo de la Ley de financiamiento fue obstaculizado de mil maneras en la justicia. El gobierno recurrió a todas las instancias legales y artilugios para evitar pagar lo que debe.

Pablo Manili, abogado del CIN y de las 59 universidades que iniciaron el amparo, refiere con precisión el derrotero judicial. En este sentido, se deben distinguir dos carriles: uno es el de la medida cautelar urgente y otro se vincula con la discusión de fondo.