The PFA's DFI dismantled an Asian network dedicated to labor exploitation

La investigación se inició a raíz de una denuncia efectuada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RE.NA.TRE) a través de la Línea 145, mediante la cual se alertó sobre la presunta existencia de personas sometidas a trabajos forzados en un establecimiento rural ubicado en la localidad bonaerense de Pilar.

Ante esta situación, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Nº 3 del Dr. Máximo Castrillo, encomendó a los detectives del Departamento Trata de Personas de la PFA la investigación del caso.

En consecuencia, los efectivos iniciaron tareas de campo y análisis de información, determinando la existencia de una estructura criminal integrada mayoritariamente por ciudadanos de nacionalidad china, dedicada a la explotación laboral de personas de escasos recursos económicos en establecimientos rurales.

En cuanto al modus operandi, las maniobras comenzaban en la provincia de Santa Fe, donde las víctimas eran captadas mediante falsas propuestas laborales. Posteriormente, eran trasladadas hasta el supuesto lugar de trabajo y alojadas en viviendas de extrema precariedad, donde finalmente eran obligadas a realizar tareas físicas extenuantes vinculadas con la cosecha y producción de hortalizas.

Con el avance de las pesquisas, los investigadores determinaron que los integrantes de la organización cumplían funciones específicas dentro de la estructura delictiva. Mientras uno de ellos se encargaba de captar a las víctimas, otro coordinaba la logística necesaria para trasladarlas hasta Pilar.

Asimismo, se comprobó que, una vez que arribaban al establecimiento rural, los damnificados eran despojados de sus documentos personales y sometidos a humillantes condiciones laborales bajo constantes amenazas con armas de fuego.