The government regulated Fiscal Innocence II

El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal II, que en su contenido reemplaza la verificación de topes por el requisito de residencia, mide la discrepancia significativa sobre el impuesto determinado, toma el monto del art. 1° del Régimen Penal Tributario vigente en el período en que vence la declaración jurada y habilita a adherir a quienes ya presentaron el período 2025 por el régimen general.

De esta manera, el Ejecutivo busca desesperadamente que los argentinos “saquen los ahorros del colchón”. La efectividad de la ley queda supeditada a la adhesión de cada provincia.

La normativa establece que el cumplimiento en tiempo y forma genera un “efecto liberatorio respecto del período por el cual se hubiera adherido” y habilita una “presunción de exactitud, sin admitir prueba en contrario” sobre las declaraciones del impuesto a las ganancias y del IVA correspondientes a los períodos no prescriptos.

En cuanto a las condiciones de acceso, la reglamentación introdujo un cambio central al eliminar las verificaciones previas de límites patrimoniales y facturación: “solo prevé la verificación de la residencia fiscal durante todo el período” como único requisito para ingresar al sistema.

Bajo esta modalidad, el trámite opera mediante una “declaración jurada precargada por ARCA a partir de la información disponible en sus sistemas y la provista por responsables y/o terceros”, la cual el contribuyente puede “modificar, confirmar y presentar”.

A su vez, los contribuyentes adheridos quedan “exceptuados de cumplir con la obligación” de informar sus bienes, con la única salvedad de los Grandes Contribuyentes Nacionales y los funcionarios públicos.