The dream of total deregulation in service of Peter Thiel

Ya va quedando más claro a qué vino Peter Thiel a la Argentina, el tecnomaganate de Palantir, la empresa de vigilancia global que erró el blanco en Irán matando a 165 niñas y que ayuda al ICE en EE.UU. a “cazar” inmigrantes, entrecruzando datos digitales: el plan es hacer negocios inmobiliarios y urbanísticos muy singulares, instalando empresas digitales y acaso de experimentación médica en la Patagonia y Mendoza, bajo condiciones jurídicas que impliquen ceder soberanía nacional a extranjeros, un modelo experimentado ya en Honduras con la empresa-ciudad privada Prospera.

Ese mini-estado con leyes propias fue --años más tarde-- declarado ilegal por el gobierno de Xiomara Castro: Próspera le hizo juicio al Estado en el CIADI por 11 mil millones de dólares, un tercio del PBI nacional. Y en la base de esos planes para Argentina está el estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja, el mismo que defiende la demanda de internacional de Próspera y el que asesoró a Javier Milei para redactar la ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En un futuro, ese bufete podría acaso accionar contra el Estado argentino, si un gobierno soberanista decidiera que todos somos iguales ante la ley y que un extranjero, por el solo hecho de ser millonario, no debería tener privilegios impositivos exclusivos y discriminatorios de los argentinos, ni regirse por leyes de otros países.

El abogado Pablo Serdán --docente de la UBA especializado en Administración Pública, sociología del Poder Judicial y seguridad democrática-- estudió y reveló en detalle los planes de Peter Thiel en el sitio web Tengo Data, donde muestra que el magnate interviene en Argentina a partir de dos proyectos:

1) un plan de extranjerización de recursos naturales patagónicos mediante el singular sistema de un “gemelo digital financiero” que, a los efectos prácticos, funciona como un testaferro permitiendo a un extranjero sortear la Ley de Tierras. 2) una “zona económica digital” acordada con el gobierno de Mendoza con laxitud legal y bajos impuestos para atraer empresas. Lo novedoso será una inédita laxitud jurídica de la que gozarán las empresas extranjeras. Y para ello hay una pata legal a cargo del estudio de abogados argentino que representa a Próspera contra Honduras –Bruchou & Funes de Rioja-- y redacta a la medida de la elite tecnológica de Silicon Valley, las reformas legislativas del gobierno de Javier Milei.

Nada de estos laberintos legales se podría entender, sin estudiar antes a la isla de Roatán en Honduras como territorio de vanguardia experimental del tecnofascismo de Silicon Valley. Para ello Página/12 conversó con la doctora en Ciencias Sociales Luciana Ghiotto, quien explicó que en esa isla en el Caribe se le entregaron tierras a millonarios extranjeros para que instalen allí su primera utopía libertaria: “Todo comenzó en 2013 cuando el Congreso de Honduras era presidido por Juan Orlando Hernández, condenado en EE.UU. por narcotráfico e indultado por Donald Trump. Su partido aprobó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que serían “generadoras de empleo” y un “polo de atracción de industrias” (la versión hondureña del RIGI).